La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes- ANAP, alertó por el apagón inminente del alumbrado público en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, luego de la decisión anunciada por la interventoría de la empresa Air-e de no cobrar dicho impuesto y la recolección de basuras en la Costa Caribe.

"El Gobierno se hizo el de los oídos sordos para mitigar esta situación que había sido advertida hace meses por esta entidad. En este orden de ideas, La ANAP como asociación de naturaleza mixta, con participación pública, privada y de empresas de Tecnología en los sistemas de alumbrado público en Colombia, se permite comunicar a la ciudadanía sobre los gravísimos efectos de la decisión emitida de forma arbitraria, ilegal, sin debido proceso y abiertamente inconstitucional por parte del Agente Interventor, Ingeniero Carlos Diago, de la empresa AIRE, para los departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico, con afectación crítica de los servicios públicos territoriales, en especial el alumbrado público" , afirmó Armando Gutiérrez, director ejecutivo de la ANAP.

Según el gremio, esta decisión, además, se toma sin ningún tipo de estudio serio, "poniendo de forma irresponsable y riesgosa la prestación del servicio de alumbrado público en esa región del país".

Señala que hay un y desconocimiento de la Ley 1819 de 2016 que tiene sentencia de constitucionalidad, determinando en su artículo 352  "que el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el municipio, distrito o comercializador de energía mediante las facturas de servicios públicos domiciliarios".  

"De esta manera se quedarán sin recursos los pagos de energía de alumbrado, se detendrán las modernizaciones de sodio a led para ahorro de energía, obligadas por el reglamento expedido por el mismo Gobierno Nacional, se apagarán los sistemas con riesgos mayúsculos a la seguridad ciudadana, se incumplirán diversos tipos de contratos asociados al servicio con reclamaciones y acciones contra las entidades territoriales, se afectarán los ingresos de municipios y distritos rompiendo la continuidad de la prestación del servicio y se incurrirá en un daño fiscal, en un detrimento patrimonial y en una conducta con posibles efectos penales y disciplinarios por parte del funcionario, dejando a oscuras a tres departamentos", concluyó Gutiérrez.

Desde La ANAP hacen un llamado al Agente Interventor para que actúe en derecho, como un buen administrador y revoque su decisión.